Jaime GUERRERO
Tras más de 15 horas de discusión, con 353 votos a favor, 126 en contra y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que establece la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El pleno avaló una reserva de Morena que excluye a marinos de la integración de la Guardia Nacional.
Fue una modificación presentada por la morenista Merary Villegas al artículo 21 constitucional, que elimina los conceptos “de origen” y “marino”.
“La Federación contará con la Guardia Nacional, fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar y marino con formación policial, dependiente de la Secretaría del ramo de defensa nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia. Los fines de la Guardia Nacional son los señalados en el párrafo noveno de este artículo, la coordinación y colaboración de las entidades federativas y Municipios, así como la salvaguarda de los bienes y recursos de la Nación”, señalaba el dictamen antes de aprobación de la reserva.
La oposición detalló que la modificación excluye de la integración de la Guardia Nacional -que estaría adscrita a la Sedena- a los integrantes de la Marina, garantiza que formen parte de ella sólo militares en activo y permite que sean integrados a la corporación a los egresados de la licenciatura en Seguridad Pública del Colegio Militar.
El emecista Gibrán Ramírez señaló que con la reserva, la mayoría no sólo se descaró, sino que dejó claro que es la Sedena la que legisla por ellos.
La discusión enfrentó al coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y al vicecoordinador del PAN, José Elías Lixa.
Al presentar una reserva, la diputada de Acción Nacional, Paulina Rubio, reprodujo un audio en el que el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirma que no es con el Ejército como se van a resolver los problemas de inseguridad y violencia en el país.
La legisladora criticó la “incongruencia” de Morena, que con la reforma pretende convertir a la Guardia Nacional en una fuerza permanente con formación castrense bajo el mando del Ejército.
Monreal pidió al PAN hacer un esfuerzo conjunto por elevar el debate y advertirle que su bancada no se quedaría callada ante lo que consideró “agresiones impunes” en contra del Presidente.
En respuesta, el vicecoordinador del PAN, José Elías Lixa, indicó que no permitirían que se señale un el discurso de algún legislador o legisladora de Acción Nacional y sostuvo que su bancada también estaba dispuesta a responder políticamente.
En su turno, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, expresó el respeto de su bancada, pero exigió lo mismo de la mayoría.
Finalmente, Monreal pidió a sus pares no acudir a callejones sin retorno, conducir institucionalmente al país a la estabilidad política, “eso queremos y por eso también ofrecemos la mano franca a la oposición, nos escuchamos, nos toleramos, pero no nos insultemos”, reiteró.
El dictamen, además de la definición y función para la Guardia Nacional, estipula que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
Asimismo, indica que el Congreso tendrá la facultad para expedir leyes que regulen y establezcan requisitos y límites para la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior y en tareas de apoyo a la seguridad pública.
En los artículos transitorios, se da un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del decreto, para que el Congreso de la Unión armonice el marco jurídico en la materia. Mientras tanto, la organización y funcionamiento de la Guardia Nacional continuará operando con apego a las disposiciones legales vigentes antes de la entrada en vigor del presente decreto.
El proyecto de decreto asienta que el Senado de la República, o en su caso la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se encargará de ratificar el nombramiento de los jefes superiores de la Guardia Nacional que proponga el presidente de la República.
Precisa que la persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional debe ostentar el grado de general de División de la Guardia Nacional en activo, y será designada por la persona titular de la Presidencia de la República, a propuesta de la persona titular de la Sedena.
En tanto no exista personal con formación de Guardia Nacional con la mencionada jerarquía, dicha designación recaerá en un general de División del Ejército, capacitado en materia de seguridad pública.
Respecto a las facultades del Ejecutivo Federal, éste podrá “disponer del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en tareas de apoyo a la seguridad pública, en los términos que señale la ley”.
Los cambios constitucionales también estipulan que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que “tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen”. Asimismo, que ningún extranjero podrá servir en la Fuerza Armada permanente, en tiempos de paz.
Destaca que el Ejecutivo Federal dispondrá lo conducente para que el personal procedente de la extinta Policía Federal cese de prestar sus servicios en la Guardia Nacional y quede adscrito a la Secretaría del ramo de Seguridad Pública, conservando sus derechos laborales adquiridos.
El personal que pertenezca a los organismos especializados podrá continuar prestando sus servicios en la Guardia Nacional de manera temporal, conforme a los convenios de colaboración que para tal efecto se formalicen entre las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana.
Se transferirán a la Sedena los recursos presupuestarios y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales de la última plantilla general de plazas aprobada a la extinta Policía Federal y de confianza, así como los gastos de operación de la Guardia Nacional y los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquellos requeridos para el personal que continuará, bajo la adscripción de la Secretaría del ramo de Seguridad Pública.
El dictamen deriva de una iniciativa que el Ejecutivo Federal presentó el pasado 5 de febrero, así como de propuestas conexas de diputadas y diputados de la anterior Legislatura.
