➡️ La juez resolvió garantizar “la justiciabilidad del derecho al medio ambiente”.
Redacción | El Piñero
Puerto Escondido, Oaxaca. – El proyecto de convertir 111 hectáreas de tierra rica en biodiversidad en área turística, está detenido con el amparo otorgado por una jueza de Salina Cruz, quien determinó que la intención del gobernador Salomón Jara perjudicará flora y la fauna de esta importante reserva natural, colindante con el océano Pacífico.
En septiembre pasado, Salomón Jara anunció que Punta Colorada es una de las obras estratégicas de su gobierno, pero ante el impacto ecológico de este ambicioso proyecto turístico, ciudadanos y ambientalistas interpusieron un juicio de amparo para proteger el área, y la ley federal determinó improcedente las intenciones salomónicas.
El miércoles 24 de enero, la jueza séptima de Distrito con sede en Salina Cruz, Miriam Fabiola Núñez Castillo, concedió la suspensión definitiva contra la ejecución de un proyecto turístico en la playa y zona de Punta Colorada, pues esto afectará flora, fauna y condiciones generales de dicha zona.
La resolución en contra del proyecto turístico en Punta Colorada, atañe a las autoridades municipales de San Pedro Mixtepec, al gobernador Salomón Jara Cruz, al consejero jurídico del gobierno de Oaxaca, así como funcionarios relacionados con la protección del medio ambiente.
Luego de que Salomón Jara Cruz, anunciara que Punta Colorada en Puerto Escondido, es uno de los proyectos estratégicos de su gobierno, ciudadanos y ambientalistas realizaron marchas y protestas, e interpusieron el juicio de amparo 681/2023.
En el comunicado del gobierno estatal del 1 de septiembre de 2023 resalta:
“Referente al espacio denominado Punta Colorada en Puerto Escondido, el cual ha sido el motín de una disputa por diferentes actores, el gobernador Salomón Jara dejó claro que ese polígono es propiedad del gobierno estatal y será una decisión conjunta con el pueblo para determinar qué proyecto se ejecutará en ese lugar”.
“Vamos a platicar con todos los sectores sociales, económicos y políticos, y tomaremos en cuenta al pueblo; hay propuestas para realizar proyectos en esa zona”, pero la población nunca fue consultada.
Los inconformes promovieron un juicio de amparo indirecto en el que la ley federal determinó la suspensión provisional de los actos reclamados para el efecto de que se detuviera la ejecución de las obras del proyecto de construcción de un condominio habitacional, al estimar que incumple las normas y permisos correspondientes, y contamina el medio ambiente.
Con este fallo judicial, las autoridades que promueven obras en Punta Colorada, están impedidas de expedir, autorizar o dar visto bueno u otorgar cualquier permiso, licencia, autorización o similares que tenga por objeto permitir el desarrollo de cualquier proceso constructivo en la playa y zona de Punta Colorada.
Esta suspensión vincula directamente a las autoridades de San Pedro Mixtepec, al gobierno del estado, al consejero jurídico de Gobierno de Oaxaca y también obliga a Santa María Colotepec a no dar permisos tampoco.
En síntesis, las autoridades mencionadas tienen prohibido, de manera definitiva, otorgar permisos de construcción, y persisten las medidas de protección que deben implementar en los términos de la primera suspensión que es cuidar, sanear, proteger flora y fauna.
El juicio de amparo fue interpuesto por 298 personas en contra de cualquier actividad que tenga como objetivo realizar un proyecto turístico y que atente contra el medio ambiente.
El 27 de diciembre de 2023 se concedió una suspensión provisional solicitada por 298 personas contra actos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa); Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); ayuntamiento de Santa María Colotepec y de San Pedro Mixtepec; Secretaría de Gobierno, gobierno de Oaxaca; Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad del Gobierno del estado de Oaxaca; consejero jurídico, secretario de Infraestructura y Comunicaciones, y al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
En la resolución, la juez refiere que tal medida fue determinada con el objetivo de garantizar “la justiciabilidad del derecho al medio ambiente”.
Y es que, de no otorgarse la suspensión, se “permitiría la ejecución de actos susceptibles de acarrear un daño irreversible o indebido a la biodiversidad, afectándose con ello a la colectividad”.
La asociación civil Salvemos Colorada fue quien alertó sobre la intención de vender las más de 111 hectáreas de Punta Colorada, en Puerto Escondido, para construir un centro turístico.
La AC Salvemos Colorada, pidió a Jara Cruz ser claro en sus intenciones, ya que fue el presidente municipal de San Pedro Mixtepec, Javier Cruz, quien habló de vender Punta Colorada en 2 mil millones de pesos.
En respuesta, en septiembre se realizó una marcha para exigir un alto al megaproyecto turístico.
“Punta Colorada no se vende. No a megaproyectos que exploten las reservas naturales de Puerto Escondido sin permiso de los pueblos”, resaltaba en una lona.
El 1 de septiembre de 2023, en reunión a puerta cerrada, el secretario de gobierno de Oaxaca, Jesús Romero, el secretario de las Infraestructuras y Comunicaciones, Netzahualcóyotl Salvatierra, el consejero jurídico del gobierno del estado, Geovany Vásquez Sagrero, junto con autoridades municipales de San Pedro Mixtepec presentaron un anteproyecto de desarrollo en las 111 hectáreas de Punta Colorada.
El documento comprende “una zona comercial, hotelera y una de reserva con parques público-privados con zona de residencias, recalcando que será una participación bipartita. Esto es dinero público, dinero administrado por el gobierno de Oaxaca, y privado.
