Jaime GUERRERO
Oaxaca, México.– El titular de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, informó que de 359 expedientes administrativos, penales y resarcitorios, integrados hasta el momento contra colaboradores del ex gobernador, Gabino Cué Monteagudo, se buscará que los procesos de sanción tengan soporte jurídico sólido para que no sean desechados por las autoridades jurisdiccionales como ocurrió en la administración del ex mandatario.
Díaz Navarro, precisó que las indagatorias ya están en camino y que la actuación, no sólo del Gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, también de la Auditoria Superior de la Federación y de la Secretarla de la Función Pública “alcanzará a quienes sean responsables del uso indebido de los recursos”.
“Si dentro de su responsabilidad actuaron mal, tendrán que rendir cuentas, pero siempre serán llamados para que ellos puedan descargar a su favor lo que consideren necesario, esto no es una cacería de brujas”, asentó Díaz Navarro.
Refirió que en el Tribunal de lo Contencioso, muchos de los expedientes que buscaban sancionar a algún funcionario en específico “se caían” por vicios en los procedimientos con los que se integraban con toda la intención de proteger a las personas contra las que se iniciaron los procedimientos, que también los iniciaron en su administración”.
En la víspera, la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública y la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), revelaron que Cué Monteagudo habría malversado y no solventado recursos de 21 programas federales por el orden de los 4 mil 399 millones 846 mil 463.7 pesos, en un periodo de cinco años, de 2010 a 2015.
El Contralor, explicó que aún siguen las investigaciones en curso, con los funcionario de Cué Monteagudo.
No obstante, esta vez serán cuidadosos para no sancionar y que al llegar a otra instancia simplemente sean desechados. “Vamos a revisar incluso la forma en la que se integran los expedientes para que no caigan en los recursos que impugnación y por lo pronto, estamos confiando en que dentro de cinco meses tendremos los resultados de las auditorias que se están realizando”, apuntó.
Detalló que hay 359 procedimientos en curso, tanto administrativos, penales o para resarcir los daños causados al erario, y en todos ellos serán llamados los titulares de las dependencias para que comiencen a desahogar a su favor las acusaciones, además del cuidar el debido proceso.
Y es que la Secretaría de la Contraloría detectó que de la totalidad de procedimientos integrados para sancionar los delitos de peculado cometidos por funcionarios del régimen de Ulises Ruiz, un 70 por ciento fueron desechados por los tribules porque fueron mal integrados por la administración de Cué Monteagudo.
Reiteró que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Secretaría de la Contraloria, en la gestión de Cué Monteagudo, desecharon al menos 500 expedientes iniciados en contra de funcionarios de la administración de Ulises Ruiz “por falta de procedimientos o porque fueron elaborados con deficiencias.
Refirió que de al menos 700 expedientes iniciados durante la administración de Cué Monteagudo, y Ruiz Ortiz, más del 70 por ciento fueron anulados debido a inconsistencias legales a la hora de integrar los expedientes.
“Lo que da a entender de que los procedimientos se hicieron débiles, sin el sustento adecuado para que en otras instancias como en el Tribunal Contencioso Administrativo, no prosperaran y como no se puede juzgar dos veces un asunto, entonces prácticamente se protegieron a los indiciados”, sospechó.
Cabe recordar que 1 año antes de dejar el cargo Cue Monteagudo, designó al frente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a Enrique Pacheco Martínez quien fue su ex Jefe de la Oficina de Gobierno, recomendado por el ex diputado del PRD, Jaime Bolaños Cacho Guzmán, diputado que participó en la designación en la LXII Legislatura.