Jaime GUERRERO
Oaxaca.- El Secretario de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, José Ángel Díaz Navarro, reportó que de la administración del ex gobernador, Gabino Cué Monteagudo y la del actual mandatario, Alejandro Murat Hinojosa, se han inscrito un total de 945 sanciones a funcionarios públicos.
En tanto, reportó, que han inhabilitado para ocupar algún cargo, empleo o comisión en el servicio público del Estado y Municipios de Oaxaca a 51 funcionarios de administración del ex gobernador, Gabino Cué Monteagudo y de la actual de Alejandro Murat Hinojosa, por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos.
Éste martes, Díaz Navarro, compareció ante Comisiones de la LXIV Legislatura, como parte de la glosa del Segundo Informe del gobernador Alejandro Murat Hinojosa.
Ahí destacó que se les aplicaron 103 sanciones económicas, por un monto superior a los 239 millones 252 mil 24 pesos.
Destacan entre los casos, el exsecretario de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca (STyDE), José Zorrilla de San Martín Diego, recientemente sancionado; el exsecretario de Salud, Germán Tenorio Vasconcelos; el extitular de la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra, ahora Semovi), Carlos Moreno Alcántara; así como los exsecretarios de Finanzas, Gerardo Cajiga Estrada y Enrique Arnaud Viñas.
Díaz Navarro, reportó que recibió de la Administración de Cué Monteagudo, 238 expedientes de responsabilidad administrativa de servidores públicos de la anterior administración, y en lo que va de la administración de Murat Hinojosa, se han iniciado más de 1 mil 520 expedientes por presuntas responsabilidades administrativas.
De acuerdo a Díaz Navarro, la imposición de sanciones administrativas obedece a la comisión de faltas administrativas, derivado de estas conductas, se inicia el procedimiento disciplinario correspondiente, cuya consecuencia es la imposición de una sanción administrativa, que puede ser desde una amonestación, alguna sanción económica, hasta la inhabilitación temporal para desempeñar algún cargo, empleo o comisión en el servicio público.
Entre las conductas más sancionadas se encuentran: la omisión o presentación extemporánea de las declaraciones de situación patrimonial; inobservancia de la normatividad presupuestal; negligencia administrativa; desvío de recursos públicos; no observar las normas de trato adecuado con sus compañeros de trabajo; así como por no cumplir con la máxima diligencia sus labores como servidor público.
El funcionario señaló que la SCTG realizó la revisión de contrataciones de los órganos públicos y, en su caso, de los municipios; se vigiló que estos procesos se realizaran de acuerdo a la ley.
Señaló que en materia de auditorías, esta instancia realizó 61 procedimientos a recursos estatales y federales por más de 8 mil 328 millones de pesos. Al 30 de noviembre, se han concluido 15 con 39 observaciones por 98 millones de pesos.
Así como 46 auditorías del Programa Anual de Trabajo con la SFP que derivaron en 119 observaciones por 499 millones, las cuales están en trámite de atención por parte de las dependencias y entidades responsables del ejercicio del recurso.
Se coordinó, en el ejercicio de atribuciones de la SCTG, 348 observaciones pendientes de solventar por 7.5 millones de pesos ante la Secretaría de la Función Pública, correspondientes a auditorías realizadas a recursos públicos federales en los ejercicios 2009-2017.
De lo anterior, se ha descargado el 90% del total observado: 6 mil 840 millones de pesos; el monto restante: 327 millones, están en análisis por la Secretaría de la Función Pública, 281 millones se encuentran en proceso de atención por las entidades ejecutoras y 123 millones corresponden a municipios.
El contralor dijo que se radicaron durante el año 2017, 805 expedientes de investigación de quejas, denuncias y peticiones contra servidoras y servidores públicos; y en este 2018 se radicaron un mil 106 más, de las cuales se han concluido 635 en el mismo periodo. Se han tramitado un total de un mil 585 expedientes de responsabilidad administrativa y se han resuelto un mil 135.
Como resultado de estos expedientes –dijo-, se han inscrito un total de 945 sanciones a funcionarios públicos, lo que representa un 88% de eficacia en la resolución de expedientes iniciados al haber culminado con algún tipo de sanción en Oaxaca.
