Jaime GUERRERO
La Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Oaxaca, aprobada desde 1996, y vigente, durante casi 21 años ha permitido impunidad para los servidores públicos deshonestos, que abusaron del poder y de los fondos públicos.
Por lo pronto, en Comisiones, se analizará una nueva Ley compuesta por 228 artículos y 6 transitorios contenidos en 2 libros y 23 capítulos, para alinear al orden constitucional federal y local, y se homologue a la Ley General de Responsabilidades Administrativas expedida por el Congreso de la Unión.
Con esas nuevas disposiciones, se pretende sancionar la desviación de recursos públicos, utilización indebida de información, actuación bajo conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto y tráfico de influencias.
La Presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, Eva Diego Cruz, indicó que la nueva ley, (de aprobarse), establece que las sanciones e indemnizaciones impuestas, tendrán carácter de créditos fiscales; por lo que serán notificadas a la Secretaría de Finanzas o a las Tesorerías Municipales para que procedan al cobro de las mismas, mediante la aplicación del procedimiento económico coactivo.
Diego Cruz, destacó que primero es fundamental, abrogar toda la ley anterior, y será necesario que con relación a las reglas del Juicio Político, la Declaración de Procedencia Penal, así como la Indemnización por Reparación de Daños a Cargo de los Servidores Públicos, se deberán generar nuevas leyes específicas porque se trata de responsabilidades de tipo político y económico, previendo los ordenamientos del nuevo Sistema Nacional y Estatal de Combate a la Corrupción.
La propuesta se enmarca, afirmó, en la creación del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción y guarda integralidad con el resto de propuestas que se han presentado en el Congreso del Estado, para no solo armonizar la legislación local con la federal, sino para realmente dar sustento a una nueva cultura de transparencia, legalidad y rendición de cuentas.
Diego Cruz, destacó que contiene la parte sustantiva y adjetiva de los procedimientos de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del estado y sus municipios.
Prevé faltas de servidores públicos y de particulares que afecten la función y la hacienda pública, y en su parte adjetiva los procedimientos de responsabilidades ajustados al debido proceso, respeto a los derechos humanos y al principio general del derecho sancionatorio de la presunción de inocencia.
En su texto, también, se prevén faltas administrativas graves y no graves, con sanciones graduables acordes a ellas y que hace obligatorio el actuar de las autoridades en el combate a la corrupción, ya que de no hacerlo serán sancionados.
Diego Cruz, llamó a generar los consensos en los trabajos en comisiones, que permitan dotar a Oaxaca de una legislación anticorrupción clara y efectiva, aplicable acorde a los parámetros nacionales y que sirva de sustento a una nueva cultura de la legalidad en la actuación de los servidores públicos.