Un informe pormenorizado de las prácticas de un gobierno duartista corrupto y coludido con la criminalidad
International Crisis Group (ICG) es una organización no gubernamental, fundada en 1995, dirigida a la resolución y prevención de conflictos armados internacionales. ICG combina el trabajo de especialistas en el terreno y las labores de sensibilización desde sus sedes, ubicadas en los cuatro continentes. Actualmente monitoriza más de sesenta conflictos internacionales. En la actualidad, ICG cuenta con un amplio reconocimiento internacional. Se le considera fuente de información para gobiernos e instituciones que trabajan de manera activa por la paz y la resolución de conflictos.
Asimismo, se le reconoce como una de las fuentes independientes más destacadas e imparciales de análisis y asesoramiento sobre prevención y resolución de conflictos armados, a gobiernos e instituciones intergubernamentales como las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea y el Banco Mundial.
ICG presentó el pasado 28 de febrero un análisis de la situación en que se encuentra el Estado de Veracruz en materia de inseguridad y corrupción, particularmente en la última década y la información y datos precisos que integra son verdaderamente desgarradores. Se da cuenta que hay al menos 2,750 personas desaparecidas, de los asesinatos de 17 periodistas desde 2010. Lleva a cabo un minucioso análisis de la corrupción y cómo han permeado al Estado cuerpos delincuenciales, rebasando todo límite, convirtiendo a la élite gobernante en parte del problema, fundiéndose con los criminales para su beneficio y enriquecimiento propio. De ahí el título que otorgan a su informe: Veracruz, reformar el estado de terror mexicano.
ICG explica que la entidad es sólo un reflejo de la descomposición que existe a nivel nacional, lo mismo en otros estados, que en la federación en su conjunto en donde pareciera que las prácticas puestas en marcha en Veracruz son de uso común y generalizado. La conformación de empresas fantasmas, la colusión con los cárteles, la intolerancia soterrada a toda crítica ya sea social, política o de los medios de comunicación. De tal manera que la ciudadanía vive en un literal estado de terror en el que pensar diferente, exigir justicia y demandar libertades puede hacerte parte de los miles de cuerpos que aparecen en fosas clandestinas, que son abandonados en bolsas de basura, o entregados al narco para hacer una pira humana calcinando hasta 43 cuerpos en su conjunto.
Tan sólo un ejemplo, citamos el informe:
La corrupción y la percepción de complicidad criminal han menoscabado la legitimidad del gobierno mexicano a todos los niveles, en especial de sus 31 estados. Bautizados “virreyes” debido a los poderes extraordinarios que se les concedieron durante la transición de México de régimen de partido único a democracia multipartidista, los gobernadores de los estados también se han convertido en una de las autoridades públicas de peor reputación. Desde 2010, once gobernadores han sido investigados por corrupción. En Veracruz, una alianza entre grupos criminales y los más altos niveles del poder político local allanó el camino para una campaña de violencia desenfrenada mediante la captura de las instituciones locales judiciales y de seguridad, garantizando la impunidad de ambas partes.
Documentando casos específicos el informe ofrece una detallada autopsia de la podredumbre en donde se encuentra el Estado de Veracruz y el reto que representa para las nuevas autoridades. Ya que prácticamente todas las instituciones públicas se encuentran con señalamientos, lo que dificulta la posibilidad de una gobernanza que otorgue legitimidad al poder público del que, más bien, se desconfía.
Incumplimiento de sus funciones, negación cínica de la realidad y cerrazón absoluta forman parte de las características de los funcionarios públicos de alto nivel. Lo que hace necesario recuperar la confianza ciudadana en las instituciones o de lo contrario el caos habrá de empeorar. Sanear las instituciones debe constituirse en la prioridad número uno de la actual administración. Así como demostrar un ejercicio claro y expedito de la justicia para castigar a los ex-funcionarios públicos que se extralimitaron en sus funciones y que aún gozan de plena libertad.
La transparencia es otro de los grandes pendientes del Gobierno Veracruzano, no obstante que la actual administración se ha comprometido a actuar en el marco de una caja de cristal, es necesario garantizar el acceso a la información a la ciudadanía en general, a la academia, al gremio periodístico, etc. Los presupuestos deben ser abiertos en su totalidad y del conocimiento público, así como su aplicación en el transcurso del año. Una práctica normal en cualquier democracia debe ser poder conocer cuánto gasto en viáticos determinado funcionario el mes pasado, sin tener que pasar por tortuosos trámites burocráticos de requerimientos de información y esperar meses, para recibir, las más de las veces, un documento que da cuenta de que la información no está disponible. Conocer el padrón de proveedores del Gobierno con total transparencia en tiempo real, así como la asignación de empresas para la realización de obra pública con licitaciones en donde cualquier ciudadano pueda estar presente. Es necesario estimular la práctica de los presupuestos participativos cada vez en mayor medida, para que la ciudadanía pueda incidir en la gestión de gobierno y hacer valer su carácter de depositario original del mandato popular.
ICG escudriña el ejercicio del poder de Javier Duarte de Ochoa y lo desnuda como el delincuente que es, su forma burda y soez de conducir los asuntos de gobierno y su insaciable corrupción que dejó las arcas de las finanzas estatales prácticamente vacías.
Cinismo puro
De ahí el reto de la actual administración, ICG en su informe señala:
Miguel Ángel Yunes Linares se enfrenta a la difícil tarea de restablecer la gobernanza legítima en el plazo de un mandato de dos años. No se pueden esperar ni lograr profundas reformas estructurales en este breve periodo, y sin la colaboración del gobierno federal. Pero se pueden realizar esfuerzos para restablecer la confianza pública en el gobierno estatal y someterlo, al igual que a los funcionarios públicos en otras partes de México, a estándares más elevados. Dada la espantosa historia reciente de Veracruz, la transparencia y la eficacia institucional – en lo relativo a la provisión de justicia, la destitución de funcionarios corruptos, y el manejo de los fondos públicos – deberían formar el núcleo de cualquier proceso de reforma.
El Estado de Veracruz es sólo un ejemplo de la descomposición que se vive a nacional, con particular saña, la entidad y toda su población resultó agredida, ofendida y estafada. Por todo ello, la reconstrucción nacional pasa por Veracruz, de la capacidad de trabajar en conjunto, los tres órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, dependerá poder sanear ya no sólo a Veracruz, sino la práctica política en su conjunto en nuestro país.
Hoy más que nunca los políticos están en la mira ciudadana, son analizados y evaluados además por las nuevas generaciones que vienen con una mentalidad más abierta y dispuestos a explorar nuevas alternativas de desarrollo para el país, ahí el ejemplo de José Pedro Kumamoto Aguilar, diputado independiente y sus valiosas propuestas, de las que nos ocuparemos en otro artículo.
con información de Rafael Flores Hernández y noreste.net