Veracruz, México.- Miguel Ángel Yunes presume que su gobierno combate la corrupción, procura la transparencia y la rendición de cuentas en Veracruz, pero él mismo y su patrimonio son opacos.
Una investigación de la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA México) muestra que las declaraciones públicas que el gobernador ha hecho sobre su patrimonio no coinciden con la realidad.
Pero ni la Procuraduría General de la República ni la Secretaría de la Función Pública han querido manchar “el buen nombre” del gobernador, a pesar de las denuncias que se han presentado en su contra.
El gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares posee un departamento que no incluyó en su declaración “3 de 3”, por el que pagó más de cinco millones de pesos; además, con un mecanismo simple, omitió hacerse cargo de dos propiedades más, la casa donde vive y un predio: las compró y registró a nombre de una de las empresas en las que es socio, pero no las asume como propias en el documento que presentó a Transparencia Mexicana y al Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
En enero del 2016, cuando era diputado federal, sólo incluyó en su “3 de 3” un departamento en el condominio “The Mark On Brickell Condo”, en Miami. Sobre el mar, con piscina y cancha de tenis, Yunes lo compró en enero de 2001 por 382.900 dólares. Lo registró a nombre suyo y de su esposa, Leticia Márquez.
La Ley “3 de 3” nació en México para obligar a políticos y funcionarios a transparentar su patrimonio. En el artículo 60 refiere que incurre en “enriquecimiento oculto” el servidor público “que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar el incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea explicable o justificable”.
La empresa con la que Yunes compró las dos propiedades que no aparecen en su declaración es Veracruzana de Bienes Inmuebles SA de CV, registrada en la ciudad de Veracruz en marzo de 1981 con el objeto de construir, comprar, vender y arrendar toda clase de bienes inmuebles. Desde 1994, Yunes figura con el 50% del paquete accionario. La otra mitad es de su esposa, Leticia Márquez Mora.
Una de las propiedades que Yunes no declara como propia, aunque reconoce que disfruta del inmueble, es la casa donde vive. La residencia de playa fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Veracruz en abril del 2010, situada en el exclusivo Club de Golf La Villa Rica, a media hora del centro histórico del Puerto de Veracruz.
La tasación no está clara pero tiene tres niveles de construcción, grandes espacios de jardín en su interior, cochera para cuando menos siete vehículos, salón de recepción en jardín con palapa para eventos sociales, alberca con terraza y acceso con muelle para motos acuáticas y yates que navegan en El Estero, un afluente que con el Río Jamapa desemboca en el Golfo de México.
Desde que Yunes se convirtió en gobernador de Veracruz, la casa es vigilada por elementos del agrupamiento marítimo de la Fuerza Civil, un cuerpo élite de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
Otra propiedad bajo ese mismo mecanismo está en la ciudad de Boca del Río, en una zona de clase alta llamada Costa Verde. La última valuación es de enero de 2008 y la cotizaba en 2.300.000 pesos (177.000 USD de ese entonces). Es un predio rústico de 500 metros cuadrados.
La propiedad que ni siquiera incluyó en su declaración “3 de 3” la compró en febrero del 2010. Es un departamento en el condominio Torre Vlu de un fraccionamiento de clase alta llamado Costa de Oro en la ciudad de Boca del Río. Un documento notarial revela que la transacción fue por más de cinco millones de pesos (unos 400.000 USD).
En los 14 meses al frente del Gobierno de Veracruz, distintos actores políticos mantienen cuestionamientos públicos por la opacidad del patrimonio de Yunes. Lo que es seguro es que el político del PAN no declaró bienes que disfruta. Esa acción, según la ley “3 de 3”, constituye el delito de “enriquecimiento oculto”.
Yunes ingresó a la vida política con apenas 17 años cuando estudiaba abogacía y se afilió al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1969. Lo primero que hizo fue dirigir el Frente Renovador Estudiantil Veracruzano y, de ahí en más, nunca paró: fue asesor jurídico del entonces gobernador de Veracruz, Rafael Hernández Ochoa, en 1975; subdirector de Patrimonio, procurador fiscal, hasta ser electo diputado, en 1980. Antes de dirigir el PRI estatal, en 1997, fungió como secretario de Gobierno.
Mientras su perfil político crecía, Yunes también le apostaba al ramo empresarial. En marzo de 1981 constituyó con sus seis hermanos la primera de tres empresas en las que tiene participación accionaria: Veracruzana de Bienes Inmuebles SA de CV, a nombre de la que compró las dos propiedades que no asume como propias en la “3 de 3”.
En 2004 renunció a 35 años de militancia en el PRI y llegó el gran salto político para Yunes: desde ese año apareció en cargos federales, hasta que en el 2008 se afilió al Partido Acción Nacional (PAN) y, con eso, alcanzó cargos de mayor jerarquía.
El primero fue la dirección general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), donde recibió cuestionamientos por otorgar cuatro contratos multianuales a cuatro empresas para operar la cadena de medicamentos.
En la revisión de la cuenta pública 2010, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que el ISSSTE compró medicamentos con sobrecosto que superaban 10 veces los precios de mercado. Un daño patrimonial de 159 millones de pesos (9 millones de dólares) “por no considerar el menor precio ofertado”, según el informe oficial de la ASF.
No está claro si hubo procedimientos administrativos iniciados en la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de Yunes por las irregularidades detectadas en el 2010, antes de que Yunes renunciara al cargo para competir la primera vez por la gobernación de Veracruz. La dependencia respondió que pronunciarse al respecto violaría el “buen nombre y reputación” del ex director del ISSSTE, por lo que clasificó como “confidencial” esa información solicitada vía Transparencia.
Pero el nombre del político del PAN se ha visto involucrado en otras investigaciones.
En contra de Miguel Ángel Yunes hay tres denuncias penales interpuestas ante la Procuraduría General de la República (PGR), todas previas al 1 de diciembre del 2016 cuando comenzó a gobernar Veracruz por una alianza del PAN y del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La primera la presentó el 16 de mayo del 2013 el expresidente nacional del PAN, Manuel Espino Barrientos, por presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito. En el documento, Espino Barrientos indica que entre 2003 y 2010 Yunes y su familia compraron propiedades inmobiliarias en las ciudades de Veracruz, Boca del Río, Alvarado y Ciudad de México, a través de empresas en las que es accionista.
A pesar de las exigencias del denunciante, tras cuatro años de presentada, la averiguación en la Procuraduría no avanzó.
La segunda denuncia fue presentada el 5 de agosto del 2016 por el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, detenido desde abril del 2017 por operaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada. Duarte lo acusó de comprar, a través de su familia y empresas, al menos 26 propiedades —de las cuales nueve serían de Veracruzana de Bienes Inmuebles SA de CV— por más de 400 millones de pesos.
La tercera es del 8 de agosto del 2016. La presentó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por la presunta comisión de los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
La agrupación sostiene que Yunes utilizó las empresas Cobranza y Recuperación SA de CV, Corporate Linkage SA de CV e Intermediación Corporativa SA de CV para recibir comisiones irregulares de la compañía Consupago SA de CV, beneficiada por Yunes con un contrato de prestación de servicios financieros en sus cuatro años al frente del ISSSTE.
Ninguna de las tres avanzaron en la Justicia. ¿Por qué? La PGR no lo aclara: respondió a una solicitud de información que emitir pronunciamiento sobre el estado que guardan las denuncias penales en contra de Yunes “afectarían su intimidad, prestigio y buen nombre”.
Espino Barrientos cree que su denuncia no avanzó porque Yunes mantiene una “red de complicidades con priistas que fueron sus aliados en ese partido y, ahora, con la cúpula de Acción Nacional”. Así lo explica el diputado independiente que ocupó desde 1989 cargos directivos en el PAN hasta que renunció en 2007:
“En mayo del 2016 le envié a la procuradora Arely Gómez una carta para comparecer ante el Ministerio Público y dar seguimiento a la denuncia penal que interpuse en el 2013 (…) Y no avanzó con Murillo Karam porque ambos fueron correligionarios priistas, amigos”
Para Espino Barrientos, además, son “los hermanos Fernando y Miguel Ángel Yunes Márquez quienes procuran impunidad para su padre”.
Fernando fue senador de la República del PAN y ocupó hasta febrero del 2017 la presidencia de las comisiones de la Defensa Nacional y de Justicia, por las que mantuvo relaciones institucionales con la ex procuradora Arely Gómez. El 31 de diciembre pasado asumió la alcaldía del Puerto de Veracruz.
Ese mismo día, Miguel Ángel Yunes Márquez concluyó su periodo de cuatro años como presidente municipal de Boca del Río, cargo que ocupó también del 2007 al 2010. Fue diputado en el Congreso de Veracruz del 2004 al 2007 y ahora es precandidato del PAN a la gubernatura del estado que se disputará éste año, cuando se elegirá al sucesor de su padre.
Imagenes cortesía fotojarocha.com
Para este reportaje, ONEA México envió un cuestionario a la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno de Veracruz, de la que es titular Elías Asaad Danini, para que Yunes Linares diera su versión pero hasta la fecha de la publicación no había respondido.
En tanto, las declaraciones públicas de Yunes no coinciden con la realidad y los cuestionamientos sobre la opacidad de su patrimonio permanecen. Lo que también es seguro es que la justicia no se pronuncia sobre las denuncias penales.
Este reportaje fue realizado por Israel Roldán para la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA México) en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
https://twitter.com/oneamexico/status/964262718126600192
Con información de Manuel Espino/ oneamexico.org
