CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto no tenía alternativa: O iba por Javier Duarte a Guatemala o el gobierno de ese país lo deportaba. Los guatemaltecos no estuvieron dispuestos a ser comparsa en un tema en el que no tenían nada que ganar.
A Duarte y a su esposa, Karime Macías, los tenían ubicados desde que entraron al país vecino. Sólo esperaban que el gobierno mexicano fuera por ellos.
Las versiones sobre la eficiencia policial mexicana para localizar al exgobernador se empeñan en construir algo que no existió, dándole incluso elementos a la defensa para reclamar violaciones al debido proceso en el sistema de justicia garantista guatemalteco.
México mantuvo a Duarte en condición de prófugo durante seis meses mientras el exgobernador organizaba su defensa, en espera también de los arreglos entre el gobierno de Miguel Ángel Yunes, en Veracruz, y el de Peña Nieto.
Peña cedió al chantaje de Yunes y no le quedó otra que participar en una escenificación del gobernador panista.
La persecución y el interrogatorio al que sometió durante horas, fuera de México, a los cómplices de Duarte dio a Yunes material suficiente para amagar públicamente a Los Pinos.
Por eso, un día antes de que Yunes asumiera el gobierno, el procurador general de la República, Raúl Cervantes, convocó a la prensa para anunciar la entrega de 421 millones de pesos al gobierno de Veracruz, supuestamente recuperados de los cómplices de Duarte.
Ese día, el 30 de noviembre del año pasado, le dio un primer cheque por 250 millones de pesos, en una extraña cesión que fue presentada como parte del dinero que Duarte y sus cómplices esquilmaron del erario veracruzano. Al día siguiente, en su toma de posesión, Yunes anunció que se recuperarían mil millones de pesos.
Además de escénico, el movimiento tiene implicaciones que favorecen al exgobernador, pues si Yunes y la PGR se dan por bien pagados, a Duarte se le reducen los cargos. Falta ver si de todas las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se traducen en investigaciones en la PGR.
Hasta ahora, la más firme en su contra es la que tiene que ver con las empresas fantasmas que creó para desviar el dinero. La PGR tiene poco más de un mes para demostrar a Guatemala las acusaciones por delincuencia organizada y lavado de dinero.
Pero si sus cómplices ya están regresando dinero, Duarte podría hacer lo mismo. Parece dispuesto a hacerlo, lo mismo que al escarnio de su proceso penal. A cambio, la protección para su esposa y su suegro, quien ahora dice que hizo fortuna porque se ganó la lotería.
Si Yunes hizo otro espectáculo con la difusión de la libreta “merezco abundancia” de Karime Macías, la pregunta es por qué la Fiscalía de Veracruz no actuó en su contra.
Se ha limitado a alimentar el morbo, como la difusión, la semana pasada, de las fotos de su salida a Inglaterra, procedente de Colombia.
No fue casual que Macías volara desde ese país. Aunque hubiera una ficha roja de Interpol, el gobierno colombiano no la podía detener porque de acuerdo con sus leyes, se requiere de una solicitud de orden de aprehensión, lo que no existe ni por el lado de la PGR ni de la Fiscalía de Veracruz.
En un nuevo capítulo del entretenimiento, en un acto al parecer sin sustento legal, Yunes confiscó esta semana una propiedad en Tlacotalpan que adjudicó a un “prestanombres” de Duarte.
Peña Nieto y Yunes tienen ahora otro interés común: bajar como sea a Andrés Manuel López Obrador de las encuestas presidenciales, engrandeciendo los reiterados errores del líder de Morena, quien sigue pensando que todos están equivocados, menos él.
