Como candidato a la gubernatura de Veracruz, el panista Miguel Ángel Yunes Linares no sólo prometió abatir a la mitad los índices de inseguridad en los primeros seis meses de su administración, sino que además, para lograrlo, presumió su experiencia en materia de seguridad pública por los cargos estatales y federales que había desempeñado, y anunció que para combatir a la delincuencia recurriría al uso de drones y lo mejor de la tecnología existente.
Ahora que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) dio a conocer los resultados de la auditaría practicada a la cuenta pública de su último ejercicio fiscal, 2018, quedó al descubierto que Yunes sí cumplió con la adquisición de diversos equipos, programas y sistemas de espionaje que incluyen vigilancia en redes sociales con hasta 35 mil búsquedas, reconocimientos de voz y facial e incluso monitoreo para Redes Wi-Fi, en los que gastó 365 millones de pesos; sin embargo, como parte del procedimiento de solventación, los auditores del órgano fiscalizador realizaron el 15 de agosto pasado una inspección para verificar físicamente los sistemas adquiridos, pero se llevaron tremenda sorpresa al desconocer el uso y/o aplicación que se le dio a este sofisticado sistema después del 11 de julio del año pasado, casualmente luego de las elecciones locales que perdió el primogénito del gobernador que pretendía sucederlo en el poder.
Pero este no es el único megafraude que Yunes Linares fraguó con la evidente complicidad de su incondicional Jaime Téllez Marie, quien estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pues al presupuesto de esa misma dependencia estatal cargó también el fallido Sistema de Videovigilancia, al cual destinó Un mil 160 millones de pesos que pagó por adelantado a la empresa Comtelsat, S.A de C.V., pese a haber sido inhabilitada en 2016 por incumplir un contrato con PEMEX. O sea, 460 millones de pesos más de la inversión que originalmente había anunciado en octubre de 2017.
Pero en diciembre de 2018, la nueva administración del gobernador Cuitláhuac García detectó que solo funcionaban 2 mil 500 equipos de los 6 mil 400 instalados.
El 13 de diciembre, la LXV Legislatura local aprobó un punto de acuerdo de la Diputación Permanente para que el ORFIS auditara el recurso aplicado a este programa de seguridad y revisara las condiciones del contrato con la empresa proveedora, propiedad del dueño de un importante diario de la Ciudad de México especializado en información financiera.
Yunes se proponía invertir inicialmente 700 millones de pesos para adquirir 6 mil 476 cámaras de videovigilancia, pues dijo que su antecesor, el priista Javier Duarte, sólo había instalado 280 equipos. Él proyectaba para Pánuco 404 cámaras; Poza Rica, mil 136; Xalapa, dos mil 052; Veracruz, mil 900; Córdoba, 700, y Coatzacoalcos, mil 084, pretendiendo abarcar una extensión de más de 21 mil 594 kilómetros cuadrados de territorio.
Sin embargo, tras la masacre de 30 personas en el centro nocturno “El Caballo Blanco” ocurrida a finales de agosto en Coatzacoalcos, se descubrió que Yunes sólo había instalado 40 videocámaras en esa importante ciudad sureña, las cuales no funcionaban.
Eso parece explicar por qué el ex mandatario estatal del PAN no pudo cumplir su otra promesa de abatir al 50 por ciento los índices de inseguridad en los primeros seis meses ni en los dos años de su gobierno.
La gran interrogante ahora es si quedará impune este criminal engaño.
‘Planchan’ a la oposición
Realmente sorprendió la forma en que ahora sí los operadores legislativos de Palacio de Gobierno se aplicaron y maniobraron para sacar sin ningún problema la designación de la ex procuradora fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Delia González Cobos, como auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).
Y es que la nueva titular del máximo órgano fiscalizador del estado obtuvo 48 votos a favor y solamente dos abstenciones. Ningún diputado se manifestó en contra, pese a la confrontación que desde hace tres semanas mantienen los panistas por la polémica destitución de Jorge Winckler de la Fiscalía General del Estado (FGE), conflicto que inclusive la semana anterior escaló hasta el Senado de la República, donde actualmente la Comisión de Gobernación analiza la solicitud de la bancada de Acción Nacional para separar al gobernador Cuitláhuac García de su cargo y desaparecer los Poderes del estado.
¿Qué fue entonces lo que ahora les dieron, dijeron o prometieron a los diputados del PAN, PRD e independientes que a principios de febrero de este año echaron abajo el juicio político que desde entonces los gobernantes y legisladores de MORENA pretendían iniciarle a Winckler para sacarlo de la FGE?
Ya se sabrá. Más temprano que tarde. Aunque ha empezado a trascender que a unos les habrían concedido para sus recomendados posiciones en la Fiscalía, a otros posiblemente les ofrecerán puestos en el ORFIS para sus allegados, a unos más les entregarán obras para los municipios de sus distritos por los que se pretenden postular para las elecciones locales del 2021, y a uno que otro u otra diputada que lo pudiera necesitar le asegurarán impunidad.
