El actual gobierno de Veracruz, encabezado por Miguel Ángel Yunes, no es tan distinto al de Javier Duarte, al menos en el uso y abuso del dinero de los trabajadores: así como en el pasado, la Secretaría de Finanzas les retiene descuentos para pagar créditos que adquirieron vía nómina pero no los transfiere a las empresas, lo que podría constituir la comisión de los presuntos delitos de fraude, retención indebida de cosa mueble y abuso de confianza, hechos denunciados penalmente.
El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares desapareció en los últimos siete meses 48 millones de pesos que descontó a los burócratas de Veracruz para pagar créditos adquiridos vía nómina.
El procedimiento fue simple: al iniciar la administración, dos de sus secretarios de despacho firmaron convenios de colaboración con empresas financieras para otorgar préstamos de dinero en efectivo a los trabajadores del estado. Las secretarías únicamente debían aplicar el descuento y trasladar los recursos; pero los convenios fueron cancelados unos meses después, la retención se mantuvo y no se trasladó el dinero a las compañías.
El Código Penal para el Estado de Veracruz tipifica ésta conducta —en los artículos 213 al 216— como delitos de abuso de confianza, retención indebida de cosa mueble y fraude.
Yunes gobierna Veracruz desde el 1 de diciembre de 2016. Desde entonces asegura que su gobierno combate la corrupción. Pero sus propios secretarios enfrentan cuestionamientos públicos por la opacidad en la rendición de cuentas.
Entre febrero y marzo de 2017, los secretarios de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Clementina Guerrero García, y de Educación (SEV), Enrique Pérez Rodríguez, suscribieron convenios con la empresa Intermercado SA de CV, una sociedad de servicios financieros.
En los convenios, a los que se tuvo acceso para esta publicación, se acordó que las secretarías asumían el compromiso de realizar la aplicación de los descuentos en la nómina de los trabajadores y que vía la Sefiplan trasladarían el dinero a la compañía para amortizar los adeudos.
Las operaciones se realizaron con normalidad hasta septiembre pasado cuando la Sefiplan ya no colocó el dinero en cuentas bancarias de Intermercado.
Documentos de la compañía acreditan la retención de 48 millones de pesos hasta marzo de este año. El monto es reconocido por ambas dependencias en una cadena de correos electrónicos en los que comunican a la empresa, quincena tras quincena, la aplicación de los descuentos a los trabajadores.
Por la indebida retención, la sociedad financiera interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) en contra del actual secretario de Finanzas, Guillermo Moreno Chazzarini, y otros funcionarios de esa dependencia.
“La omisión de realizar el pago descrito (…) lesiona también los intereses de los trabajadores que contrataron créditos (con Intermercado), habida cuenta de que habiendo ellos hecho la cobertura de sus adeudos a través de los descuentos que se les hicieron a sus salarios, se colocan en el momento actual como deudores morosos”, se lee en la denuncia.
El dinero retenido que debió ser entregado de manera inmediata a la sociedad no formaba parte de ningún presupuesto del estado. No está claro el destino de esos recursos, lo que es seguro es que, según el Código Penal de Veracruz, a quienes incurren en esa conducta cometen abuso de confianza, retención indebida de cosa mueble y fraude.
Los convenios de colaboración fueron terminados por las dependencias en diciembre de 2017. Desde entonces la empresa Intermercado ya no realiza nuevos préstamos a los trabajadores del estado.
En una de sus cláusulas se estipulaba que las secretarías continuarían “aplicando los descuentos a los trabajadores que hubieren celebrado un contrato con la empresa hasta antes de la terminación del convenio, llegando a su total liquidación de los descuentos”. Y eso hacen pero sin transferir los pagos.
En mayo de 2016, el gobierno de Javier Duarte realizó operaciones idénticas con distintas sociedades financieras, entre esas Intermercado: canceló el esquema de préstamos con descuento vía nómina por considerar que perjudicaba la economía de los trabajadores.
Pero nunca explicó el destino de ese dinero que descontó a los burócratas. Ese año, por la retención indebida de recursos, Intermercado interpuso siete denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra de funcionarios duartistas.
Tres de los denunciados fueron Vicente Benítez González, exoficial Mayor de la SEV; Juan Manuel del Castillo González, exsubsecretario de Finanzas; y Luisa Ángela Soto Maldonado, dirigente del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Secretaría de Salud.
Los tres son ahora diputados locales señalados por ser aliados del gobierno de Yunes, aun cuando en 2016, siendo gobernador electo, el propio Miguel Ángel Yunes denunció penalmente a Benítez González por presunto enriquecimiento ilícito. Pero ninguna de las averiguaciones avanzaron.
Por no pagar a las empresas en 2016, el gobierno de Duarte afectó a más de cuatro mil 500 trabajadores que terminaron con calificación negativa en el buró de crédito.
Ese mismo tipo de suerte podrían correr tres mil 300 nuevos burócratas que por no estar al corriente en sus préstamos —sin estar siquiera enterados— por culpa del estado, podrían ser sujetos de reclamo de pago por vías mercantiles y judiciales.
Apenas el 15 de febrero pasado, la Sefiplan recibió un requerimiento de pago notariado por parte de Intermercado, en el que le requieren la cantidad de 34 millones de pesos acumulados hasta ese entonces en cartera vencida.
El director jurídico de la empresa, Helios Castro Rico, refirió que la sociedad decidió interponer la reclamación judicial de pago a las dependencias del gobierno de Veracruz ante la FGE y en las siguientes semanas lo harán en la Procuraduría General de la República (PGR).
Además, sostuvo que la no colocación final del dinero les deja la facultad de acudir a las instancias judiciales para requerir el pago a los trabajadores, aunque no han procedido para no causarles agravios.
Con ese mecanismo simple, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, defraudó a sus propios trabajadores. Así desapareció más de mil millones de pesos en su sexenio. En 15 meses, el actual gobierno lleva —al menos— 48 millones desaparecidos en perjuicio de tres mil 300 burócratas.
Con información de oneamexico.org