Luis Velázquez
Veracruz.-06 de octubre de 2017 IEl gobernador envió a la LXIV Legislatura una iniciativa de ley anticorrupción que luego de leerse en sus capítulos estelares de aquí para adelante, los políticos tendrán las manos atadas por completo para que ninguno, ni el mismo jefe del Poder Ejecutivo, ni los secretarios del gabinete legal y ampliado, ni los He Man, ni los alcaldes, “metan la mano al cajón”.
De acuerdo con el clausulado, la iniciativa, que parece amarrar todos “los caminos torcidos de Dios”, “pondrá freno para siempre a la opacidad y al mal uso del dinero” que cada contribuyente paga por sus impuestos, tanto aquí, en el territorio jarocho, como para las participaciones federales que cada mes llegan puntuales y que, como se recuerda, en la noche más siniestra de Veracruz como fue el duartazgo permitió crear empresas fantasmas.
Y lo peor, el gobernador en turno, Javier Duarte, entró a la historia como el político más pillo y ladrón y, además, asesino, como lo gritara “a voz en cuello” el presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, quien como político ha logrado cincuenta concesiones de taxis solo en la Ciudad de México.
A veces, el ciudadano común que todos los días vive con sencillez dice que las leyes en el país son de las mejores, pero que nueve de cada 10 políticos las incumplen, y por eso la credibilidad en la procuración de justicia se ubica en el sótano.
Y más, porque se atraviesa el tráfico de influencias, donde como alguna vez, en 1993, Miguel Ángel Díaz Pedroza dijera al enviado especial de Patricio Chirinos, Salvador Mikel Rivera:
“Yo, como secretario General de Gobierno (de Dante Delgado), metí a la cárcel a gente inocente y saqué de la cárcel a gente culpable”.
Por eso, resulta extraño y raro el llamado Sistema Nacional Anticorrupción de Enrique Peña Nieto cuando nunca como ahora en el sexenio peñista que corre… diecisiete ex gobernadores están en la guillotina, unos presos (Andrés Granier, Guillermo Padrés, Javier Duarte, Tomás Yarrington y Roberto Borge Angulo) y otros prófugos de la justicia (entre ellos, César Duarte y Eugenio Flores Hernández) y otros más en la picota.
Y más porque ellos, jefes de los Poderes Ejecutivos en sus entidades federativas, fueron los primeros en burlar la ley y saquear la secretaría de Finanzas y Planeación, y en algunos casos hasta aliarse con los barones de la droga.
Por eso en ocasiones ninguna esperanza ni expectativa levantan los llamados Códigos de Ética y de Conducta y las reformas constitucionales en materia del combate a la corrupción, como el caso, ahora con los latrocinios cometidos por funcionarios públicos en PEMEX, el Seguro Social y la Comisión Federal de Electricidad, ni más ni menos, en pleno Peñismo.
Y menos cuando falta menos de un año, unos nueve meses, para la elección de gobernadores en nueve estados, el presidente de la república, 500 diputados federales y 129 senadores.
Los políticos y funcionarios públicos (también, claro, los policías y los trabajadores de la información) están en el sótano de la confianza ciudadana.
Todos, en el descrédito moral, ético y social.
“¡Ya estamos hasta la madre! se llama un libro del poeta Javier Sicilia, uno de cuyos hijos fue asesinado, con otros seis amigos, en Morelos.
II
Hay en la iniciativa de ley del gobernador puntos interesantes que de cumplirse en tiempo y forma (en el bienio que corre y en el futuro tanto estatal y municipal con los prestadores y proveedores de servicios) se habrá logrado un camino más para combatir la corrupción, digamos, y digamos solo en nombre de la utopía, del deber ser, del legítimo sueño de un mundo mejor.
Por ejemplo:
Atrás del Sistema Estatal Anticorrupción, plantea crear el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa como un órgano autónomo e independiente de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de Veracruz.
Ok.
Pero…habría de verse, primero, si se trataría de una terna cabildeada, quizá, por la llamada sociedad civil, las ONG, las universidades públicas y privadas, pero al mismo tiempo, manejadas las propuestas desde algún rincón del poder público, como, además, todo mundo sabe, está consciente, seguro, de que así son manejadas las cosas.
Se busca, entre otras medidas legales, que el combate a la corrupción en ningún momento sea “una decisión personal del gobernante, sino de un mandato constitucional” (¿Hay diferencias sustanciales entre el decir y el hacer?), para garantizar el tan cacareado “manejo honesto y transparente de los recursos públicos”, y en donde el proverbio clásico de que “en la casa del jabonero, quien no cae, resbala” alcanza su dimensión estelar.
Y más en un Veracruz (y en un país, por añadidura) tan incrédulo, tan agnóstico, tan pesimista, derivado, entre otros hechos, de que cada sexenio y cada cuatrienio edilicio aparecen nuevos ricos, nuevas fortunas, nuevos pudientes.
En la búsqueda del hacer moral, ético y social, incluye aplicar la ley anticorrupción a “los particulares que participen en acciones de gobierno como contratistas, concesiones o proveedores de bienes o servicios”.
Se trata, todo indica, de una novedad institucional, parteaguas, quizá, en este país con políticos tan corruptos.
Por ejemplo: un contratista jarocho contó en tiempo y forma que cada vez que a él le otorgaban una obra pública le entregaba el diezmo en una maletita negra a los priistas Érick Lagos Hernández y Jorge Carvallo Delfín cuando se desempeñaban como secretarios particulares del gobernador Fidel Herrera Beltrán.
“Yo mismo, dijo aquel ingeniero, pagaba el diezmo de manera puntual, de igual forma como todos los constructores”, pues era, es todavía, el único camino para alcanzar la inmortalidad terrenal.
Bastaría referir que cada sexenio aparecen de la nada nuevas constructoras y en el caso de Javier Duarte y duartistas, hasta empresas fantasmas.
Así, todos saben que una relación amical y/o de sociedad y alianza empresarial resulta suficiente para entrar al reino de los cielos de los dedazos para la obra de infraestructura.
La iniciativa de ley yunista incluye, ahora, fiscalizar (como ha de ser siempre, siempre, siempre) a los proveedores y prestadores de servicios.
¡Bendito sea Dios!, pero ojalá en paralelo también existan hechos concretos y específicos, acciones, para creer en el bienio azul que corre.
III
Hay más candados, buenas intenciones, utopías, sueños, posibles e imposibles…, si se considera la imagen de los políticos en cada ciudadano y en cada familia.
Por ejemplo:
Uno: el Congreso del Estado nombrará a los titulares de los órganos internos de control de los organismos autónomos.
Duda: ¿Los dueños de la Legislatura en turno escucharán “el cántico (en turno) de las sirenas” o seguirán para adelante igual que Ulises camino a Itaca?
Dos: “Veracruz será el primer Estado en sancionar como falta grave la simulación de reintegro de recursos”.
Duda: La única sanción es, primero, la cárcel para los políticos pillos y ladrones, y segundo, “devolver el dinero robado”.
Tres: “Veracruz será la primera entidad en incluir en su legislación los Comités Internos Anticorrupción y de Integridad”.
Duda: ¿”comités Internos Anticorrupción y de Integridad” tipo Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, el titular del ORFIS que fuera uno con Javier Duarte y es otro con Miguel Ángel Yunes Linares?
Cuatro: “El Contralor tendrá la atribucion de investigar y sustanciar las faltas administrativas graves y no graves”.
Duda: ¿Contralores…digamos, como Ricardo García Guzmán, quien al lado de Javier Duarte fuera uno y con Yunes Linares otro?
Pero, además, que es priista y panista según conviene a sus intereses.
Cinco: “Se cancelará el registro en el padrón de proveedores” a los proveedores deshonestos y corruptos.
Duda: Tal cual, la ley ya lo establece.
Y salvo el caso del empresario César Augusto Morando, aquel de la Torre Pediátrica, nadie más está preso en el penal de Pacho Viejo.
Seis. “En las licitaciones públicas se incorporará la figura de testigos sociales con el fin de fortalecer la transparencia e imparcialidad”.
Duda: ¿Y quién o quiénes nombrarán a esos testigos sociales, y bajo qué método, y bajo qué criterios?
La tarea es gigantesca. Y 14 meses que restan al bienio azul, insuficientes.
Nadie duda de que el Congreso aprobará la ley anticorrupción.
Pero al mismo tiempo, cada uno de los apartados (sueños y utopías) han de alcanzar con la yunicidad su expresión más elevada, donde la honestidad, simple y llanamente, la honestidad en todos los rubros sociales, sea el timbre y el escudo de honor, porque una cosita es el discurso y la declaración mediática y otra, cien años luz de distancia, las acciones.
Lo peor del asunto es que ya nadie cree en los hombres públicos.